Derecho penal electoral

lunes, 30 de julio de 2012


El derecho penal electoral, relativamente nuevo en México, tiene como propósito fundamental el estudio y el análisis de las elecciones y procesos electorales; las normas, principios, garantías electorales; los sistemas electorales imperantes; las campañas electorales y el acceso a los medios masivos de comunicación; el control y la fiscalización de los gastos de las campañas electorales; las autoridades electorales; los derechos políticos y, naturalmente, los delitos e infracciones que suelen cometerse.

El estudio del derecho electoral implica, por tanto, los antecedentes históricos y sociológicos, la democracia, el parlamento y el parlamentarismo, el presidencialismo, la representación política, los principios y los partidos políticos y, por supuesto, el sufragio o voto ciudadano. Así mismo, el derecho electoral como un conjunto de normas, principios, métodos y fundamentos filosóficos que regulan el derecho democrático para votar y ser votado y de la soberanía popular, se desarrolló para organizar las elecciones a través de las instituciones administrativas y jurisdiccionales independientes en el ámbito de la ciencia política, para garantizar la erradicación de prácticas electorales violentas, fraudulentas y, por ello, ilícitas.

Así, el derecho penal electoral se enfoca específicamente en aquellos delitos que se cometen, verbigracia, para alterar las credenciales para votar; el acarreo de votantes; el apoderamiento, destrucción o alteración de documentos electorales y el uso indebido de documentos; la compra de credenciales de elector; el desvío de bienes, servicios y fondos públicos para favorecer a algún candidato o partido político; los actos de proselitismo en la fecha de las votaciones; la retención de credenciales para votar a los miembros de las agrupaciones populares; las dádivas, obsequios o pagos por preferencia a un partido y los regalos a cambio de promesas de votar a favor; votar sin figurar en el padrón de votantes y la destrucción de la propaganda electoral, por citar solo algunos delitos.

Por esto, en el Derecho penal electoral, de Daniel Montero Zendejas, se observa un propósito del autor para debatir sobre los sujetos activos, sean particulares, funcionarios partidistas o públicos. De igual manera, se aprecia una intención de polemizar sobre la tipificación de muchos de los delitos electorales, y criticar el deficiente desempeño de las autoridades electorales y ministeriales para probar tales delitos. Así mismo, se ve una correspondencia con algunos estudiosos de la materia que suponen, no sin cierta razón, que el derecho penal electoral no es más que una justificación del uso de disposiciones penales para solucionar conflictos político-sociales como un mal menor, y el deseo de los gobiernos de legitimarse ante la opinión pública, mediante la tipificación de conductas antisociales, antipolíticas y antiéticas que vulneran los cimientos de la democracia.


Índice

Prólogo

Introducción

Los partidos políticos

El derecho electoral y derecho penal electoral

Los retos de la democracia frente a la delincuencia organizada. Un esfuerzo institucional

Apéndice


Derecho penal electoral
Daniel Montero Zendejas
UAEM/Fontamara, Cuernavaca/México DF, 2012, Colección Argumentos; 148, 320 páginas.
ISBN   UAEM 978-607-7771-59-3
ISBN   Fontamara 978-607-7971-77-1

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